Las empresas con más tradición dentro del sector del juego en España no van a respaldar el proyecto de la nueva ley del juego que ultima el Gobierno. Creen que LAE ha elaborado un texto acorde a sus intereses, a espaldas del sector privado y que gozará de una situación privilegiada respecto al resto de operadores.

No se puede ser juez y parte. Las principales empresas que operan dentro del sector tradicional del juego -bingos, casinos o las casas de apuestas a pie de calle- no están nada satisfechas con la nueva ley del juego que ultima el Gobierno y que podría salir adelante en el Consejo de Ministros del próximo viernes.

Un texto polémico por el papel que ha ejercido Loterías y Apuestas del Estado (LAE) en su elaboración. "No tiene sentido que la ley que va a regular todo el sector la elabore el principal operador, que además es un organismo público en pleno proceso de privatización", asegura un portavoz de Codere, la principal empresa española del sector del juego y, junto a Cirsa, uno de los operadores españoles de apuestas deportivas.

El sector del juego tradicional cree que el proyecto de ley se ha elaborado a imagen y semejanza de LAE. Esta dividirá su actuación en un organismo regulador (la futura Comisión Nacional del Juego) del que dependerá la concesión de licencias, y una sociedad estatal, cuyo 30% pasará a manos privadas bien a través de una colocación en Bolsa o dando entrada a socios financieros.

"Se está rompiendo el equilibrio entre operadores de juego públicos y privados", aseguran otras fuentes del sector. "Creemos que se debería haber optado por una privatización total, porque ahora LAE competirá como un operador privado más, pero seguirá pudiendo recibir ayudas y tendrá respaldo estatal", reiteran. Más aún cuando, aseguran, el proyecto de la nueva ley se ha elaborado de espaldas a los operadores. "Nuestra participación ha sido nula, por ejemplo, no creemos que haya sido correcto que las alegaciones a la ley del juego se hayan tramitado a través de la página web de LAE", critican.

Carga impositiva

Los futuros impuestos que gravarán a los operadores son un tema clave. La Unión Europea aún está dando los primeros pasos para homogeneizar la fiscalidad del sector y, hasta entonces, cada país debe dar pasos hacia la autorregulación. En el proyecto español, cada apuesta tendrá una carga fiscal diferente. Por ejemplo, las apuestas deportivas de contrapartida (las que se realizan a través de portales online como Bwin, entre otras) tendrán un impuesto del 10% sobre los ingresos brutos. Los operadores creen que se trata de un agravio respecto a otras apuestas, ya que el impuesto recaerá sobre los ingresos totales de los operadores, sin excluir la retribución en premios a los apostantes.