La futura Ley del Juego, ahora en tramitación parlamentaria, pretende igualar al juego tradicional y el 'on line', pero el primero se siente discriminado y pide cambios. La nueva regulación del juego afectará en España a un negocio de más de 30.000 millones de euros entre casinos, bingos, casas de juego, loterías y quinielas deportivas, pero sobre todo a las apuestas 'online', un ámbito que ha logrado gran popularidad en los últimos años pero falto de regulación.

Sin embargo, pocos son los que están completamente conformes con el proyecto de ley aprobado por el Gobierno el 4 de febrero. Ya el primer borrador, enviado a los distintos sectores implicados en plena época navideña, dejó descontentos a casi todos. Su contenido generó entonces numerosas críticas y una honda preocupación.
La Asociación Española de Casinos de Juego (AECJ), la Confederación Española de Organizaciones de Empresarios del Juego del Bingo (CEJ) y la Confederación Española de Empresarios del Juego (COFAR) pidieron medidas para que las casas de apuestas, que han estado operando «sin autorización de ningún tipo», no partan con ventaja en el nuevo contexto.
Se quejaron de la ausencia de medidas en ese sentido y señalaron que otros países europeos, al regular el juego, «han obligado a estos operadores a hacer una 'puesta a cero' o cancelación de sus bases de datos y saldos de clientes», a fin de partir en igualdad de condiciones.
Hablamos de un sector que aún genera más de 100.000 empleos directos en un país con una tasa de paro superior al 20%, si bien los juegos de gestión privada (especialmente casinos y bingos) atraviesan su cris particular, con descensos de entre el 7% y el 9% en su cifra de negocios anual.
De los 30.110 millones que el negocio del juego generó en 2009 (último año del que hay datos), 18.285 millones correspondieron a juegos privados, 9.844 millones a los gestionados por el ente público Loterías y Apuestas del Estado (LAE), y 1.981 millones a los de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE).
Los juegos desarrollados por empresas de índole privada se explotan en casinos, bingos y salones de juego o establecimientos de hostelería, y suponen más del 60% del total de negocio. Los de gestión estatal, encomendados a la LAE, consisten en loterías (incluidas las primitivas) y quinielas, representando más del 32% del total. Mientras que el cupón de la ONCE y sus derivados concentran el 6% del negocio.
Descensos de dos dígitos en los ingresos de casinos (-12,9%) y bingos (-14,3%), y también cercanos en los salones de maquinas recreativas (-7,8%) contrastan, no obstante, con la relativa tranquilidad en los juegos de índole pública gestionados por el Estado, cuya facturación apenas bajó un 2%, siendo la lotería nacional de los sábados la estrella, con 5.147 millones de euros. La ONCE, sin embargo, vio como sus ventas bajaron un 5,7%.
Casi todos descontentos
Con la futura ley, el sector más afectados será el juego 'on line', que por primera vez estará sujeto a una estricta regulación. Sin embargo, ésta no ha dejado contento a nadie, ni las empresas de este canal ni las tradicionales.
Los responsables de la Remote Gambling Association (RGA), plataforma que agrupa a operadores de juego por internet, temen que la nueva ley «haga inviable el mercado español del juego 'online'». Por eso, quieren cambiar la base imponible de los nuevos tipos de impuestos previstos en el proyecto, para que en lugar de afectar a los ingresos brutos de las empresas se apliquen a los netos, es decir, a los ingresos una vez descontados los premios.
El consejero delegado de la RGA, Clive Hawkswood, advierte de que «desafortunadamente hemos comprobado en Francia el efecto que ha tenido un impuesto sobre los ingresos brutos en la capacidad de los operadores de juego remoto para establecerse de manera viable». Por su parte, Albin Tiusanen, director general de Paf, una asociación pública que organiza juegos de azar en Finlandia, Suecia, Estonia y España, opina que «si el objetivó era proteger a las loterías y apuestas del Estado, y su privatización parcial, lo han conseguido». «Si por otra parte -advierte-, lo que querían era generar empleo y aumentar la recaudación de impuestos por parte de la comunidades autónomas, entonces la ley requiere una reformulación importante.»
Pero las críticas al texto que ya está tramitando el Parlamento no solo vienen de las empresas que operan en la Red, sino también de las compañías tradicionales. El secretario general de la Asociación Española de Casinos de Juego, Eliodoro Giner, sigue lamentando que «no se haya contado con el sector para la preparación del texto». Según explica, «el resto de los países europeos que han acometido una regulación como ésta han creado grupos de trabajo con la industria legal, a fin de definir e identificar correctamente las distintas sensibilidades e intereses en juego, tanto económicos como laborales».
A su juicio, el texto debería regular exclusivamente el juego que tiene lugar en el ámbito de lo privado, es decir, el de internet en el que los usuarios operan desde sus casas. «Subyace la posibilidad de que los juegos proveídos la Red sirvan como base a establecimientos públicos -apunta- donde, a partir de ciertos terminales, se comercialicen todo tipo de apuestas y productos, lo cual sería una competencia directa para el sector autorizado (casinos, bingos y máquinas)».

Buscar el equilibrio

Además, Giner explica que no se recoge en el texto medida correctora alguna que tienda a equilibrar el punto de partida entre quienes hasta ahora estaban regulados y los que no. «Los operadores ilegales han obtenido legitimidad social a base de publicidad y patrocinios deportivos, que la industria legal tiene prohibida; han financiado dichas campañas con dinero no pagado en impuestos». Apunta que el sector del juego legal paga cerca de 3.000 millones de euros anuales a Hacienda (datos de 2007), y que dicha carga fiscal ha impedido que puedan destinar más dinero a anuncios o patrocinar programas.
En la misma línea crítica, afirma que durante estos últimos 7 u 8 años en que los operadores «ilegales» han venido explotando el mercado español también han generado -«fuera de toda regulación», apunta- ingentes bases de datos de clientes que les colocan varios escalones por encima «de cara a empezar su actividad lícitamente frente a aquellos siempre respetuosos de la ley».
A su juicio, el juego por internet no es un producto distinto que compita en oferta y demanda, sino que se trata de un canal de distribución. «Por lo tanto, los juegos de casino lo siguen siendo independientemente del canal que se use, ya que un juego se define por su matemática y no por si sus elementos son de tal material o color».
Dicho esto, afirma que su asociación pretende que las autorizaciones con que ya cuentan actualmente los casinos sirvan también para que éstos puedan, además, operar a través de la Red. Por otro lado, insiste en que «la nueva ley debería prever la convalidación, previos los trámites que se estimen necesarios, de las licencias o autorizaciones para operar 'on line' que han dado, o vayan a dar, las distintas comunidades autónomas».
El proyecto de la discordia también establece medidas de protección para los colectivos más sensibles, como los menores o las personas con ludopatía. Asimismo -y esta es la parte sustancial para las arcas públicas- crea un nuevo impuesto que esta vez sí afectará a las empresas de apuestas por internet (hasta ahora no tributaban), así como nuevas licencias para los operadores. En ambos casos, las autoridades regionales jugarán un papel importante, pues las competencias sobre el juego están transferidas a las autonomías. Precisamente en sus casi 70 enmiendas al texto, el PP ha pedido, entre otras cosas, que se impida a las comunidades incrementar en un 20% la fiscalidad del nuevo tributo.
Las empresas de apuestas por internet invierten cada año en publicidad y patrocinios más de 100 millones de euros, y el año pasado obtuvieron unos beneficios con su actividad en España de 315 millones de euros. Pero su techo todavía está lejos, a juicio de los expertos, que ven en este ámbito un gran potencial de crecimiento que contrasta con los nuevos descensos que prevén para el juego tradicional.
La Ley del Juego también supondrá dar más competencias a la Comisión Nacional del Juego, que se convertirá así en un verdadero órgano encargado de supervisar el sector y aplicar las sanciones que contempla la ley. También cobrará relevancia el Consejo de Políticas de Juego, órgano colegiado en el que estarán presentes las comunidades autónomas y el Gobierno central, que asegurará la participación regional en materias como la normativa de los juegos, las licencias y los sistemas técnicos de control de operadores.
El único caso en el que no se aplicará este esquema son las loterías. El texto elaborado por el Ejecutivo reserva su explotación en exclusiva a la LAE y de la ONCE, que además quedan exentas del nuevo impuesto sobre actividades de juego.