La nueva Ley del Juego entra en la recta final. Hoy se reunirá, a puerta cerrada, la ponencia que en el Congreso de los Diputados trata de sacar adelante un texto lo más consensuado posible. Aunque, a priori, los grupos parlamentarios siguen sin llegar a un acuerdo que deje satisfechas a todas las partes. Prueba de ello son las diferentes opiniones que los grupos políticos mantienen sobre puntos esenciales para el nuevo texto como son los impuestos.

El sistema de concesión de licencias, el modus operandi de la futura Comisión Nacional del Juego (CNJ) o la privatización de la recién creada Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Uno de los puntos que más fricción ha generado, sobre todo en los operadores, son los impuestos que grabarán las apuestas online que, por primera vez, estarán reguladas en España a partir de que entre en vigor el texto. Y la mayoría de grupos parlamentarios son partidarios de modificar la redacción actual. Por ejemplo, el PNV propone disminuir los tipos impositivos, que oscilan entre el 10% de los ingresos netos en las combinaciones aleatorias y el 25% en las apuestas y juegos de contrapartida o cruzados (contra otro apostante). Este último porcentaje es el que más preocupación genera entre las empresas, partidarias de rebajarlo hasta el 20% para hacerlo, a su juicio, atractivo respecto a otros países.

En opinión del Gobierno, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, estos tipos de gravamen "son perfectamente comparables con los establecidos en otros países de la UE (...), así Dinamarca tiene el 20%, Reino Unido el 15% (...) y Francia, que tiene un 10% sobre ingresos brutos que sería equiparable a más del 50% sobre ingresos netos". El Ejecutivo tampoco es partidario de asumir la carga impositiva que fijó, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que reguló hace dos años las apuestas deportivas, donde el gravamen es del 10%.

Una circunstancia que, según fuentes del sector, provocaría que la misma actividad tenga en España dos gravámenes diferentes. "La comparación que efectúa con los tipos de alguna comunidad, como Madrid o el País Vasco, no tiene validez, puesto que dichos tipos solo se aplican a juegos circunscritos a sus territorios que, en el ámbito estatal o supraestatal que grava el nuevo impuesto, no son canales comparables (realmente los medios telemáticos no tienen barreras, cuando se circunscriben a un territorio no tienen la misma dimensión o alcance)", explica el Ejecutivo. Además, apunta que la UE ya "está iniciando controles para que se grave de forma similar a los juegos desarrollados de forma presencial y telemática".

El Ejecutivo también recalca que la nueva Ley del Juego da entrada a las comunidades autónomas en la regulación del nuevo impuesto, "entre otras formas, permitiendo que proponga subidas de los tipos establecidos en su territorio cuando se den determinadas circunstancias (...), ya que va a ser un ingreso de las de las propias CC AA".

Licencias de los operadores

Otro punto que no agrada al sector es la concesión de licencias para poder operar. Grupos como el PNV, PP o CiU han tratado de modificar el texto para sustituir el sistema de concurso por la simple concesión de licencia administrativa. Pero el Gobierno no tiene intención de modificar el procedimiento, aunque podría haber sorpresas en cuanto al número de licencias. A priori, la intención del Ejecutivo era limitar el número de estas a solo cinco. Estas podrían elevarse hasta entre 35 y 50.

Pero los operadores siguen sin estar unidos. Una de las principales empresas españolas de bingos, casinos y casas de apuestas, Codere, ha movido los hilos para tratar que la ley penalice a los operadores online que llevan años ofreciendo apuestas en España al margen de la ley. Quiere impedir que utilicen sus bases de datos de clientes e insta a que se pongan al día con Hacienda. "Es inadmisible que se presenten opiniones supuestamente en defensa de los usuarios, cuando lo que se está defendiendo son los intereses de empresas que, desde paraísos fiscales, han violado de forma flagrante la legislación española".

Sin embargo, la Asociación Española de Apostantes por Internet (Aedapi), en la que se reúnen distintas casas de apuestas online, se defiende asegurando que en "internet quien decide es el usuario". Considera que "bajo un tipo de régimen transitorio de cierre de operaciones, se favorecerá que los usuarios opten por productos no regulados fuera de la protección necesaria".