.El inicio de la tramitación parlamentaria de la ley de regulación del Juego ha vuelto a reabrir el enfrentamiento que mantienen respecto a la reordenación del sector las empresas de juego tradicional (bingos, casinos o recreativos) y las que ofrecen esos servicios "online".Los grupos parlamentarios han designado hoy a los integrantes de la ponencia encargada de informar este proyecto de ley, que en su primera reunión ha revisado el texto e incorporado algunas enmiendas parciales a la ley, la mayoría de ellas del grupo socialista pero de un carácter meramente técnico.

El calendario que se han fijado los grupos parlamentarios, tras la reunión de la ponencia, prevé que el informe sobre el proyecto de ley sea aprobado la próxima semana en la Comisión de Economía, antes de enviarse al Senado.

Los grupos han registrado casi 300 enmiendas parciales al proyecto de ley, que regula por primera vez en España todas las modalidades de juego por internet, el móvil o el ordenador, y que prevé además la creación de un nuevo impuesto para las empresas del sector, que se destinará a las comunidades autónomas.

El proyecto pretende dar respuesta a la aparición de nuevos operadores en el mercado del juego (sobre todo los operadores "online") que no están regulados por la ley vigente hasta ahora.

El grupo socialista, según ha informado en un comunicado, ha evidenciado en la reunión de la ponencia de hoy que tanto el PP como CiU están dispuestos a llegar a acuerdos en la tramitación del proyecto, por lo que la diputada Monserrat Coldeforns -ponente del PSOE- ha expresado su deseo de alcanzar un amplio consenso con el resto de fuerzas políticas.

El PSOE ha informado de que en la reunión de hoy se han incorporado casi todas las enmiendas de este grupo, entre ellas un conjunto de propuestas de mejora técnica y otro paquete de medidas para armonizar la regulación de la Comisión Nacional del Juego, que se constituirá como un cuarto organismo regulador y se sumará a los ya existentes de la Energía, del Mercado de las Telecomunicaciones y del Postal.

Más allá de las diferencias políticas, la tramitación de este proyecto de ley ha reabierto el enfrentamiento que respecto a esa regulación del sector mantienen las empresas del juego tradicional o las que ofrecen estos servicios "online".

Según la Asociación Española de Apostadores por Internet (AEDAPI), entre cuyos socios figuran empresas como 888.com, Betfair, Bet365, o Unibet, la mayoría de las enmiendas parciales que han presentado los grupos parlamentarios contribuirían a crear un mercado con una regulación "coherente" que beneficiará a la industria y a los usuarios.

Esta organización ha subrayado que se trata de una Ley que debe dar seguridad a los usuarios y a los grupos "sensibles" pero que debe además tener en cuenta las características de internet y los intereses de los usuarios, "que serán, al final, quienes escogerán dónde quieren hacer sus apuestas".

Por su parte, el grupo Codere, una multinacional del sector del juego privado y que cotiza en la Bolsa de Madrid, considera "inadmisible" que se planteen argumentos "supuestamente" en defensa de los usuarios, cuando según esta empresa lo que se defienden son los intereses de unas empresas "que desde paraísos fiscales han violado de forma flagrante la legislación española y defraudado a la Hacienda Pública, al no satisfacer impuestos en nuestro país".

Este grupo ha acusado a esas empresas de "contrabando", de operar "ilegalmente" juego online desde sus sedes en Gibratar, y de no estar sometidos a ningún control.

Además Codere ha advertido que los aproximadamente 100 millones de euros que han invertido en patrocinio y publicidad esas empresas de juego "online" (sobre todo en grandes equipos de fútbol de primera división) no pueden tener más peso que los 1.700 millones de euros que el sector del juego privado paga anualmente en España en concepto de "tasas de juego".

Esta multinacional ha pedido a los grupos parlamentarios que eviten hacer "tabla rasa" con esas empresas que llevan años operando desde la "ilegalidad", y que se les exija, si quieren acceder al nuevo mercado, que cesen sus actividades, que eliminen sus bases de datos, que establezcan sus equipos tecnológicos y servidores en España, y que procedan a su inmediata regularización fiscal.