Nicaragua se suma a los países de América Latina que van dotándose de normas regulatorias para ordenar el verdadero juego de azar y diferenciarlo claramente de la actividad ilegal, de la mafia, el lavado de activos, la corrupción y la perversa manipulación del usuario.
La proliferación de máquinas con monederos, de dudoso origen, baja calidad de manufacturación y peor concepción tecnológica, que se instalan en cualquier punto más o menos neurálgicos de los centros urbanos y estafan sistemáticamente a ilusos que creen probar suerte frente al azar.

Ni las autoridades políticas, ni los responsables de la justicia, ni las fuerzas policiales, ni las organizaciones sociales hacen su trabajo adecuadamente, ya sea por deconocimiento, por incapacidad o por complicidad. Los auténticos empresarios de la industria de los juegos de azar que en algún momento alzan la voz reclamando ante la autoridad reguladora, lo hacen desde el menos importante de los argumentos: deben competir con operadores ilegalmente instalados y que no pagan impuestos.

La Ley 766 ha generado expectativas porque, además de regular las salas de juegos y casinos, incrementaría los ingresos fiscales.
La normativa pretende regular la importación de las máquinas tragamonedas y juegos y dejar claras las reglas que deben de seguirse para la instalación de infraestructura y el capital que se necesita para invertir en ese ramo.